La reforma de la Ley Concursal reducirá a un año el plazo para reflotar la empresa

14/11/2009

Estamos avanzando en la reforma de la Ley Concursal para abreviar y agilizar el procedimiento y facilitar la llegada de crédito a las empresas en dificultades". Así lo asegura Santiago Hurtado, el secretario general técnico del Ministerio de Justicia y presidente de la sección especial de la Comisión de Codificación a la que el ministro Francisco Caamaño encargó en julio la reforma de la ley.

Hurtado añade que, según el ritmo de trabajo que se han marcado, el borrador de la reforma concursal podría estar dispuesto mucho antes de lo previsto. "Nuestro deseo sería poder avanzar tanto como para que el proyecto pudiera tramitarse incluso antes del verano".

El caso es que los grupos de trabajo para la reforma de la ley están a punto de presentar sus conclusiones preliminares con las que elaborar el futuro texto.

En cuanto al objetivo de reducir plazos parece existir unanimidad, tanto en el seno del grupo de expertos como entre los catedráticos y abogados que analizan la Ley Concursal. "Ahora los procesos concursales están durando una media de dos años, y eso no hay empresa que lo pueda aguantar", reconoce el socio del bufete Garrigues y experto en Derecho Concursal, Antonio Fernández.

Es una opinión compartida por el presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Raimon Casanellas. "Hay una sensibilidad muy extendida respecto a que el procedimiento dura demasiado. Con procesos tan largos, la empresa que se podía salvar acaba sin poder hacerlo y la que iba a ir a liquidación de cualquier forma, termina malvendiendo sus activos. Hay que anticipar el análisis de viabilidad de las empresas y prever la valoración de las unidades de negocio en su conjunto, en caso de pretenderse su continuidad total o parcial", señala Casanellas.

"Desde el Ministerio pretendemos que el proceso concursal no supere en ningún caso el año, que era el objetivo de la actual ley, pero que evidentemente no se cumple en la gran mayoría de los casos", contesta el secretario general técnico de Justicia. Óscar Franco, del bufete Ashurt, cree que la reforma debería flexibilizar el régimen de gestación y negociación del convenio de acreedores "porque el sistema actual es muy rígido". Mientras, el socio de Garrigues asegura que "el Ministerio se está mostrando muy atento a recoger el sentir social de los profesionales. Quieren desplegar muchos resortes para el reto de poder escuchar a todo el mundo en esta reforma".

Banco de España

Justicia reconoce, sin embargo, que no podrá tener en cuenta una de las peticiones más reiteradas que hacen muchos expertos. Sugieren que el Banco de España debería reducir las exigencias sobre provisiones cuando una entidad financiera presta dinero a una sociedad en concurso ya que éstas suponen un claro desincentivo a la hora de otorgar créditos. "Los expertos de la Comisión de Codificación podrán tener su opinión, pero sugerir que el Banco de España modifique una circular excede de nuestras competencias, así que en ningún caso el texto que salga desde Justicia contendrá esa petición que se hace desde el campo de la doctrina", afirma el secretario general técnico del Ministerio.

Santiago Hurtado añade que se están analizando otras posibilidades para facilitar la llegada de dinero a las empresas en situación de crisis y que en el caso de las insolvencias particulares se analiza si deben sacarse de la actual ley y regularse en una norma aparte.